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Las malas prácticas no tienen costo cero. Columna de Paula Valenzuela, Gerente General de la fundación, en el Diario Financiero

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Columna PV

De los escándalos que han sacudido a Chile en los últimos años y que involucran malas prácticas, quizás lo menos comentado sean los impactos personales, empresariales y sectoriales que estos han implicado. La magnitud de estas consecuencias no es menor, por lo que cabe centrar la discusión en este frente, así como en la construcción de sistemas de integridad liderados por gobiernos corporativos y mesas gremiales.

El ejemplo más prominente de costo personal asociado a transgredir la ética, es el de los controladores del Grupo Penta. No sólo estuvieron semanas en prisión preventiva y ahora sufren arresto domiciliario nocturno, sino que aún está en el horizonte la posibilidad de que se falle en contra de ellos con penas aflictivas.

En lo que respecta al costo financiero de las malas prácticas, la realidad de SQM es elocuente. Desde los primeros cuestionamientos en torno al Caso Cascadas, en 2012, hasta hoy, el valor bursátil de la empresa ha disminuido en dos tercios. Más recientemente, su situación reputacional influyó en la decisión de Corfo de solicitar el término anticipado del contrato de pertenencias mineras -de cuya explotación SQM obtuvo más de la mitad de sus utilidades en 2014- poniendo así en entredicho la sostenibilidad futura de la empresa.
En cuanto a costos de certidumbre para las inversiones, tal vez el mejor ejemplo es el de la industria pesquera. La querella en contra de la diputada Isasi y el ex gerente de Corpesca por cohecho y soborno, así como la investigación en curso al senador Orpis, entre otras aristas, han llevado a ciertas voces a cuestionar la legitimidad de la Ley de Pesca y llamar a una nueva discusión del cuerpo legal. Dichas voces podrían crecer en magnitud de ser comprobadas las malas prácticas hoy investigadas. Aquí, los afectados por la incertidumbre sobre el futuro del sector no son sólo las empresas involucradas, sino toda la industria.

Punto aparte merece, sin duda, el modo en que son afectados los colaboradores de las empresas implicadas en escándalos. Todos se cuestionarán el sentido que hay tras la labor que realizan. Se preguntarán si deben callar, defender o criticar prácticas con las que están en desacuerdo. Del mismo modo, construirán explicaciones poco convincentes para justificar, frente a sí mismos y su entorno, el hecho de permanecer en un trabajo cuyo rol y aporte social no era el que creían. En este aspecto, la evidencia internacional demuestra que las malas prácticas acarrean renuncias de colaboradores estratégicos, lo que impacta en la productividad y desmotiva a quienes permanecen en sus funciones.

Como vemos, las implicancias de las transgresiones éticas en personas naturales, empresas o industrias completas son claras. Por lo mismo, las acciones de prevención deben ser potentes, a través de una permanente preocupación, información y generación de consciencia sobre la importancia del cómo se hacen las cosas. Así, la promoción de mejores prácticas debe provenir desde las cúpulas: si los líderes de cada empresa no están convencidos de la importancia de gestionar una cultura basada en la ética y enfocada en el bien común, poco de esto trasuntará hacia el resto de la organización. A nivel de industrias, asimismo, es fundamental que los gremios se enfoquen en elevar los estándares éticos y asuman en esto un mayor protagonismo.

Si la motivación por construir empresas basadas en sólidos valores éticos y enfocadas en aportar a la sociedad no fuese suficiente, la reciente evidencia debiera convencernos de que recurrir a malas prácticas es cada día un peor negocio.

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