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Paraísos. Columna de Paula Valenzuela, Gerente General de la fundación, en el Diario Financiero

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En Latinoamérica los llamamos “paraísos fiscales”. Pero el término original en inglés es tax haven, cuya mejor traducción es “refugio tributario”.

Más allá de una traslación idiomática mal hecha, el concepto que aquí usamos tiene también un potente contenido simbólico. Pocas cosas son más positivas, buscadas y añoradas que un paraíso. Y cuando de impuestos se trata, la búsqueda de dicho “Edén” involucra aristas de diverso orden y múltiples consideraciones.

Tener sociedades offshore, ya todos sabemos gracias a la polémica sobre los “Panama Papers”, es perfectamente legal en sí mismo. La privacidad de lo que uno hace legalmente con su propio dinero también es un valor importante que debiera defenderse con fuerza. Pero las reacciones, luego de reveladas las cuentas en Panamá, también nos recuerdan un par de conceptos importantes, que han surgido una y otra vez en los bullados escándalos, de todo tipo, de los últimos años.

Lo primero es que la sola legalidad de una acción no asegura su legitimidad ni corrección. Los cambios culturales en torno a qué se acepta o no en una sociedad van usualmente más rápido que los cambios normativos, y navegar en una sociedad moderna y más conectada implica estar permanentemente al tanto del cambiante y progresivo desfase entre lo legal y lo ético, entendiendo que en este siglo el límite realmente importante para circunscribir las acciones personales y colectivas no es el primero, sino el segundo.

Lo otro es que el poder económico, como toda otra forma de poder, está hoy sujeta a mayores niveles de exigencia y accountability frente a una ciudadanía informada e interconectada. Toda conducta o hecho real que uno no querría que apareciera en la portada de un diario tiene crecientes posibilidades de aparecer tarde o temprano si es que el protagonista ejerce algún grado de poder en la sociedad, ya sea eclesiástico, político o económico. Si bien la privacidad es un importantísimo derecho, puede –en ocasiones- contraponerse al interés público. El presidente del directorio de Google, Eric Schmidt, resumió en 2009 ambos conceptos con una brutal pero necesaria recomendación para sobrevivir en la sociedad de la información: “Si haces algo que tal vez no te gustaría que nadie sepa, probablemente no lo deberías estar haciendo”.

Hay razones no solo legales, sino perfectamente éticas, sensatas y públicamente explicables, para utilizar paraísos tributarios. Pero la opacidad que los rodea es campo fértil para la evasión tributaria a gran escala y crímenes mucho mayores. Esto justifica con creces los impulsos hacia una mayor transparencia y la investigación por parte de las respectivas autoridades nacionales, las que debieran demostrar un mayor compromiso diplomático y judicial que permita perseguir con efectividad aquellos casos en los que hay violaciones legales, separándolos oportuna y eficazmente de aquellos casos donde no hay ilegalidad.

Pero más allá de sus consecuencias prácticas, los Panama Papers son una buena oportunidad para sostener una discusión sobre temas mayores: la legitimidad de una sociedad democrática y de mercado, que está en paz y que progresa, se basa en la igualdad de oportunidades, la competencia justa y en el que cada uno cumpla con sus responsabilidades, dentro de las cuales están los impuestos. Cuántos impuestos se pagan, cómo se pagan y cuáles son las políticas que estos impuestos financiarán, son todos temas en los que la discusión es necesaria y donde siempre podemos mejorar, particularmente en estos tiempos. Pero cuando, en algunos casos, personas de mayores ingresos pagan consistentemente menores impuestos que quienes tienen menos, lo que se amenaza es la legitimidad democrática, la economía de mercado y la paz social. Porque, hoy lo sabemos con creces, aun cuando el mecanismo sea legal, no será aceptado. E incluso cuando se considere un asunto privado, hay una buena probabilidad de que finalmente se haga conocido. Y eso no será un paraíso para nadie.

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